Cuando la Ley Cholito protege al culpable
El 3 de agosto de 2022, dos perros rottweiler atacaron a una niña de cinco años dejándola gravemente herida, agónica. El ataque fue feroz y las secuelas, de por vida. Los mismos perros habían protagonizado previamente un ataque a una vecina y el mismo padre de la menor lesionada había solicitado en diversas oportunidades mayores resguardos, puesto que los perros se escapaban de su vivienda. Estos perros son tipificados como de raza peligrosa en la Ley Cholito. Es decir, había antecedentes de sobra para que el ataque se hubiese evitado.
Ocurrido el ataque, los perros quedaron en el mismo lugar, pese al evidente riesgo de que se repitiera el escape y la ansiedad de los vecinos. Luego, el Juez de policía local que vio el caso, decidió que los perros permanecieran en la misma vivienda y bajo la tutela de los mismos dueños responsables del accidente. La Municipalidad de La Reina intervino y solicitó trasladar los perros al canil municipal. Sin embargo, el canil no estaba preparado para mantener cuatro perros adultos rottweiler de alta peligrosidad. Entonces, deciden trasladarlos a Curacaví para ser adiestrados, acordando que la Municipalidad pagaría cuatro millones 694 mil pesos por la construcción de caniles adecuados, además de tres millones 689 mil pesos mensuales, firmándose un contrato por seis meses. El dueño fue condenado a pagar una multa de 90 UTM y a reintegrar a la Municipalidad la suma de 8 millones 383 mil pesos. El propietario de los animales apeló y pidió que le regresaran sus perros. El caso aún no se falla.
Luego de más de dos años y medio, los perros continúan en Curacaví y la deuda municipal es absurda. Los perros, lejos de estar listos para filmar una película, no lograron ser rehabilitados, continúan siendo un peligro para la sociedad. En total, la Municipalidad de La Reina ha desembolsado más de 100 millones de pesos en una situación que no resuelve el problema y que continúa pendiente y acumulando deuda. El caso ocurrió en una de las comunas de mayores ingresos y muestra la falta de respuestas adecuadas y la carencia de una legislación acorde al problema.
Cada año cinco a seis personas mueren a causa de perros, en una de las muertes más horrorosas que a alguien le puede tocar. Sólo en 2023, 61 mil personas fueron atendidas por heridas de distinta gravedad causadas por perros. Más de la mitad de los ataques corresponden a perros callejeros, sin un tutor responsable. Hay más de ocho millones de perros en Chile, un tercio vagan sin dueño, sin nadie que los cuide y se haga responsable del daño que causen.
Los perros no solo son unas mascotas adorables. También pueden ser muy peligrosos, pero de este hecho la Ley Cholito no se hace cargo. Es que la intención de la Ley Cholito de evitar el maltrato animal, por cierto loable, llevó el tema a un extremo en que consagró la vida de los perros a un nivel superior: los perros pueden estar en la calle sin tutor y no se pueden sacrificar en ninguna circunstancia, aunque pongan en peligro la vida de las personas. En otros casos con resultado de personas muertas, las municipalidades han solicitado al Servicio de Salud que eutanasien a los perros atacantes, pero no han podido hacerlo: la ley simplemente no lo permite.
En la discusión de la Ley Cholito se prohibió la eutanasia, inclusive de perros fieros. Se concluía que la responsabilidad la tiene el dueño, lo que sin lugar a dudas es así. Sin embargo, un perro fiero que causó daños considerables es una potencial arma sin control; independiente de la evidente responsabilidad que tiene el dueño, que no adiestro, no socializó ni guardó adecuadamente sus perros (en el caso que tengan dueño). El problema del perro fiero es una realidad de la cual la Ley Cholito no se hace cargo. No se conoce de otro país que prohíba la eutanasia en casos así de severos.
Una solución sería crear caniles de alta seguridad para mantener los perros fieros de por vida, unos 10 años en promedio. Si son 60.000 las personas atacadas al año, solo tratar de mantener al 10% de esos perros, es de un costo estratosférico y con una mala calidad de vida para los perros. Simplemente, imposible de abordar.
La eutanasia de los perros fieros, aunque no nos guste, es necesaria. No solo para resguardar la seguridad de las personas y otros animales. También por el bienestar de los propios perros implicados, los cuales no merecen vivir recluidos en caniles. Darlos en adopción es sumamente difícil y tan solo una pequeña fracción podría lograrlo. Lamentablemente, las personas y los perros pagan el costo de dueños irresponsables. También debemos pensar en subir las exigencias para tener un perro (es una necesidad de convivencia) y prohibir los perros vagos sin un tutor que se haga responsable y asegure que el animal no hará daño.
Ante dueños que crían con o sin intención perros fieros, que no se hacen cargo del daño y peligrosidad de sus animales, independiente de la responsabilidad penal que recaiga, debemos hacernos cargo del perro y asegurarnos que nunca más otra persona salga herida. Ese es el bien mayor a resguardar y que justifica la eutanasia de canes fieros. La cantidad de dinero desembolsado que todavía debe pagar la Municipalidad de La Reina hubiese sido más útil aportando a cubrir los gastos de las múltiples operaciones de la niña víctima. Prohibir la eutanasia en estos casos, manteniendo el riesgo de que el perro ataque a otra persona, es colocar la vida del perro por sobre la vida humana.
Programa de Medio Ambiente
Instituto Igualdad
